Informe especial.

Por Arnold Piedra

El día histórico para las comunidades indígenas de nuestro país por fin llegó esta última semana, debido a que el presidente Ollanta Humala promulgó el pasado martes 06 en la provincia de Bagua la Ley de Consulta Previa, afirmando que ésta fortalecería el proceso de las inversiones y beneficiaría a miles de peruanos en el tema de la inclusión social.

La aplicación de esta norma, basándose en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece las consultas previas a las comunidades nativas antes de que el Estado realice proyectos de actividades extractivas y de otra naturaleza en sus territorios, lo cual fomentará la inclusión de la opinión ciudadana y evitará el estallido de conflictos sociales como los ocurridos en Bagua y Puno durante el gobierno anterior.

Recientemente el Ejecutivo ha lanzado una campaña de difusión y promoción de esta ley de Consulta Previa, la cual durará 180 días y tendrá como objetivo reglamentar la norma y registrar a los pueblos indígenas y a las organizaciones representativas, con la finalidad de que todos los pueblos originarios sean consultados en el marco legal.

El principal beneficio que traerá esta ley será el respeto a la cosmovisión y a los conocimientos tradicionales de los pueblos involucrados, ya que permitirá que se incentive una política de desarrollo sostenible a nivel nacional, lo cual garantiza en el futuro un crecimiento económico sin efectos ambientales negativos en las zonas extractivas. Según el ministro de Agricultura, Miguel Caillaux Zazzalli, también se promoverá la inversión en el sector forestal, debido a que la ley facilita el desarrollo de proyectos comunitarios que originarían la asociación entre las comunidades y las empresas privadas, las cuales trabajarían bajo un reparto equitativo de ganancias y beneficios.

Por otro lado, el actual defensor del pueblo Eduardo Vega señaló que ahora después de su promulgación todos los sectores ministeriales deben facilitar la aplicación de esta nueva ley a través del dictado de normas reglamentarias. “Ahora corresponde al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo iniciar las acciones que nos conduzcan a la adecuada implementación de la nueva ley, a fin de que se institucionalice el diálogo como herramienta para garantizar el interés común y el respeto de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas”, explicó Vega.

Sin embargo, Víctor Caballero Martín, jefe de la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, explicó que la aplicación de la Ley de Consulta Previa en realidad es el proceso final de un conjunto de procedimientos en el diálogo con las comunidades indígenas, cuya apelación solo se hará en caso de agotarse todos los mecanismos de participación posible.

El funcionario aclaró que de esta manera se evitaría caer en el abuso de esta nueva norma y adelantó que otra medida para impedir el surgimiento de conflictos sociales será la implementación del ordenamiento territorial del país según aéreas de actividades económicas, para lo cual se pedirá la participación de las comunidades en la discusión de cómo se debería definir la zonificación ecológica en sus territorios. Este hecho será la siguiente meta de este gobierno nacionalista que busca consolidar el crecimiento de la economía nacional.