Por Anthony Mendoza, Jason Poquis y Miguel Sánchez

Todo empezó cuando el primer planillón de firmas para revocar a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, fue presentado el 4 de abril del presente año. Era también la primera vez que se mostraban frente a la ciudadanía los promotores Marco Tulio Gutiérrez (abogado de profesión y docente universitario) y Carlos Vidal Vidal (publicista electoral).

Desde ese momento, el proceso estuvo marcado por irregularidades y controversias. Una de esas fue el audio que se difundió ante los medios y donde se señala a José Luna Gálvez, congresista y actual secretario general de Solidaridad Nacional, como el principal financiador de la revocatoria de Susana Villarán, dando a entender el interés de este partido por dicho proceso. Otro caso muy sonado fue el de la presunta falsificación de firmas que presentaron.

El 22 de octubre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio conformidad a las 400 mil firmas del cuarto lote presentado y el 30 del mismo mes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó la viabilidad de la consulta popular, tras lo cual, las reacciones no se han hecho esperar, y menos la de la propia alcaldesa de Lima, quien junto con sus allegados (entre ellos el regidor Marco Antonio Zevallos) presentó al JNE un recurso extraordinario que ordena la revisión del cuarto lote de firmas presentado por Carlos Vidal. En ella se argumentaba que el Reniec recibió el último lote de firmas el 6 de julio cuando debió ser presentado un día antes como establece la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, la cual establece que se cuenta con 30 días hábiles a partir del día siguiente en que se dieron a conocer los resultados de la verificación del primer lote de firmas presentado.

Susana Villarán fue citada al Congreso.

En respuesta, el JNE dijo que dicho recurso no procedía afirmando que una misiva del RENIEC indujo al error a los revocadores, al haber señalado que el plazo para presentar el cuarto lote de firmas recolectadas vencía el día 6 y no el 5 de julio, como correspondía.

Esto ha generado que en la política nacional haya una polaridad en cuanto a la revocatoria. Luis Bedoya Reyes, fundador del PPC dijo lo siguiente: “No lo haría por una razón muy simple: ese cargo es muy complejo. Los problemas de Lima no se pueden resolver así nomás y en un momento”; por otra parte, Lourdes Flores Nano también mostró su rechazo ante la posibilidad de una revocatoria al expresar que este proceso debilitaría la autoridad.

“Villarán ha hecho una alcaldía en la que sus aciertos son mayores que sus errores y no hay que confundir la revocatoria con lo que ha sucedido en La Parada porque son dos asuntos distintos” expresó Armando Villanueva del Campo, líder histórico del APRA, en una entrevista. Además se mostró confiado en que la Alcaldesa saldrá airosa de la consulta.

Lourdes Flores mostró su rechazo a la revocatoria.

De esta manera, se ha previsto que el proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el de sus regidores municipales se realice el 17 de marzo del siguiente año y que tendrá un costo aproximado de 69 millones de soles, cifras que dio a conocer  la Oficina Nacional de procesos Electorales (ONPE) en el informe que presento el pasado 9 de octubre ante la Comisión de Presupuesto del Congreso para el 2013.

La ONPE inicia la elaboración de las cédulas.

La actual jefa de la ONPE, Magdalena Chú, dijo que el monto será utilizado para adquirir bienes, servicios y activos no financieros para los procesos de revocatoria en Lima y provincias.